Sobre la Renta Básica de Ciudadanía (RBC)

En su blog La Sombra de Aznar, Fran Rodríguez ha abierto el debate sobre la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), proponiendo su inclusión en el programa del Partido Socialista Obrero Español. Para no escribirle un comentario demasiado extenso, he preferido participar en el debate con esta entrada propia en mi blog.

Para ponernos en antecedentes, la RBC sería un «ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva» (Red Renta Básica). Es decir, estaríamos ante una paga mensual que todos cobraríamos del Estado, trabajemos o no, y que estaría destinada a cubrir las necesidades básicas de la vida.

Entre las virtudes y beneficios de esta renta se citan la práctica erradicación de la pobreza, la mejora de los salarios (especialmente en los trabajos más desagradables), la reducción del trabajo en la economía sumergida (ya que el derecho a cobrar la RBC no se perdería por tener empleo declarado), el fomento del trabajo a tiempo parcial y de la movilidad laboral (con la consiguiente reducción del desempleo) o el fomento de la iniciativa empresarial (al reducir el riesgo del autoempleo). Desde luego, a primera vista no faltan razones para apoyar una inciativa como esta o, al menos, para considerarla y analizarla con seriedad y respeto. Precisamente por eso, quiero exponer cuáles serían -a mi entender- algunos de sus inconvenientes y dificultades.

1. El primer problema que plantea la RBC es su justificación teórica o, si se prefiere, su legitimación. Es cierto que este ingreso contribuiría a garantizar la libertad real o material de los individuos, pero la no exigencia de contraprestación previa o simultánea hace insuficiente este argumento. ¿Es la ciudadanía (es decir, la simple condición de ciudadano) un título o mérito suficiente para tener garantizado el sustento, incluso estando en plenas condiciones de trabajar y negándose voluntariamente a hacerlo? Es una cuestión que dejo abierta, pero tengo serias dudas.

2. La implantación de la RBC en España podría ser, incluso, inconstitucional. El artículo 35 de nuestra Constitución establece que los españoles tienen el deber de trabajar (además del derecho al trabajo). Que este deber tenga naturaleza meramente programática (nadie puede ser obligado a trabajar, ni ser sancionado por no hacerlo) no significa que carezca totalmente de efectos jurídicos. Como ya afirmó hace años Santiago Varela, «esto no quiere decir que las normas constitucionales que señalan deberes carezcan absolutamente de eficacia, sino solamente que no son eficaces en relación a las conductas personales, es decir, en cuanto generadoras de deberes jurídicos para las mismas. Pero las cosas cambian si contemplamos estas normas desde otra perspectiva: la de su eficacia frente a los poderes públicos y, en particular, frente al legislador. [...] Estaríamos, sobre todo, ante el reconocimiento de un ámbito de intervención al poder público para procurar el cumplimiento de "valores" o "funciones"». (La idea del deber constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 4, pp. 83 y 86). De esta manera, que los poderes públicos garanticen ingresos a quienes no trabajan, teniendo plenamente condiciones para hacerlo, podría interpretarse como una política incompatible con el deber constitucional de trabajar.

3. La RBC la cobrarían todos los ciudadanos, es decir, todos los españoles y quienes residan legalmente en España. Este reconocimiento casi universal plantearía dos problemas. Por una parte, supondría un 'efecto llamada' para la inmigración irregular que, con la esperanza de una futura regularización, se vería incentivada para venir a un país que les garantizaría el sustento (aunque no necesariamente el trabajo). En un mundo globalizado como el actual todavía caben las políticas nacionales, pero una de tanto impacto como la RBC tendría una implementación local complicada y contraproducente. Además, debemos tener en cuenta que existe una ciudadanía de la Unión Europea, que garantiza la libertad de circulación y residencia en todo el territorio de la Unión a los nacionales de los Estados miembros. Esta circunstancia, además de conllevar un 'efecto llamda intracomunitario', nos lleva a pensar que la RBC debería abordarse necesariamente a nivel comunitario. No obstante, si tenemos en cuenta que las competencias de la UE en materia fiscal y social son mínimas, y las dificultades para alcanzar el consenso en una propuesta tan arriesgada, las posibilidades de implementar una RBC europea serían prácticamente nulas.

4. Se dice que la RBC mejoraría las condiciones de trabajo y el salario, al incrementar la capacidad negociadora de los trabajadores. Tratándose del salario, sospecho que podría suceder todo lo contrario por la tendencia de algunos empresarios a «descontar» la RBC: «Te pago 700 y con los 600 que te da el Gobierno juntas 1.500, y con eso ya vas bien.»

5. Afirmar que una propuesta de RBC despertaría el interés y el consenso en la Región de Murcia y en España en general significa conocer muy poco el perfil sociológico de nuestro país y de nuestra región. Lejos de causar entusiasmo, suscitaría un fuerte rechazo en las clases medias, que se verían más como pagadoras (con sus impuestos) que como beneficiarias. «Zapatero quiere ponerle un sueldo a los gandules, pagado con mis impuestos» sería el análisis más frecuente. Y el hundimiento electoral del Partido Socialista estaría garantizado. El rechazo social que el PER ha cosechado fuera de los territorios y los colectivos perceptores es un significativo botón de muestra. No basta con que la RBC sea económicamente viable, lo que requeriría una economía saneada y altamente productiva que España no tiene. Sería necesario que, además, fuera sociológica y políticamente viable gracias a una cultura política cívica y fuertemente postmaterialista que España (y menos aún la Región de Murcia) tampoco tiene.

A pesar de estos cinco inconvenientes, sigo pensando que la RBC es una interesante propuesta para la reflexión y para marcar metas que, aunque utópicas o lejanas, pueden guiar e impulsar el desarrollo del Estado del Bienestar. Por ejemplo, tal vez sería deseable que, inspirándonos en la idea de RBC, hiciéramos converger en un 'módulo único' el salario mínimo interprofesional (SMI), el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la pensión mínima, el subsidio mínimo por desempleo, las becas de investigación o el mínimo exento personal en el IRPF. Pero de ahí a una RBC universal va un trecho que, de ser posible, habría que recorrer lentamente y con cautelas. Si existen experiencias exitosas, como el caso de Alaska (debe de ser muy exitosa cuando ha sobrevivido a Sarah Palin), habrá que considerarlas y examinarlas, pero sin perder de vista que Alaska no es España, y que las circunstancias sociales, políticas y económicas son determinantes para la viabilidad de una propuesta tan arriesgada como esta que nos ocupa. Los socialistas no debemos perder la utopía como horizonte inspirador de nuestras políticas (eso, precisamente, nos diferencia de otras opciones políticas), pero manteniendo los pies en el suelo. De lo contrario, el batacazo puede ser monumental.