La fórmula de la corrupción

Recojo la sugerencia de un lector que me ha pedido un post sobre cómo evitar la corrupción política, sobre todo a nivel municipal. La cuestión es compleja y difícil de tratar en una sola entrada de blog. Pero os propongo como punto de partida para la reflexión la ecuación de la corrupción formulada por Robert Klitgaard:

C=M+D–A

Siendo,

C: corrupción

M: monopolio de la decisión

D: discrecionalidad (margen de decisión)

A de accountability: rendición de cuentas (control)

De esta manera, la solución “aritmética” de la corrupción sería aparentemente sencilla: reducir M y D, y aumentar A.

Para reducir M y D habría que replantear la titularidad y el ejercicio de determinadas competencias –especialmente las relacionadas con el urbanismo– dando mayor peso a la Administración autonómica y a la ordenación supramunicipal del territorio. Establecer mecanismos de control de oportunidad o incluso un urbanismo paccionado (como ya existe en algunos países nórdicos) prevendría arbitrariedades y excesos, y reduciría los riegos de corrupción al ampliar el abanico de autoridades y poner distancia entre éstas y los beneficiarios de su actuación. Pero muchas medidas que se podrían adoptar en esta línea, además de requerir grandes consensos políticos y profundas reformas legales, tropezarían con la generosa interpretación del principio de autonomía local que hace nuestro Tribunal Constitucional. Más posibilidades hay en el ámbito de la contratación administrativa, reduciendo la discrecionalidad abierta de los contratos menores y combatiendo la discrecionalidad encubierta que puede haber detrás de algunas adjudicaciones por concurso.

Pero es en materia de control (incrementando A) donde se pueden dar más pasos. Sin embargo, de poco sirven los controles jurídicos y contables si no existe a la par un control político y social, si hay una actitud de pasividad, tolerancia o comprensión hacia las conductas irregulares.

Son muchas las medidas y controles que se pueden adoptar. Más adelante comentaremos algunas. En cualquier caso, debe quedar claro que la corrupción también es un problema sistémico, que ningún partido político tiene el monopolio de la honradez, y que no puede confiarse solamente en la ética espontánea de los cargos públicos. La corrupción hay que prevenirla combatiéndola en origen. Los políticos tienen el deber inexcusable de escribir derecho, pero si el sistema les pone renglones, mejor que mejor.

Para terminar, os recomiendo el artículo Boom urbanístico y corrupción política en España, pubicado por Fernando Jiménez Sánchez en Modernidad, crisis y globalización: problemas de política y cultura. Colección Mediterráneo Económico, n.º 14 (diciembre 2008). Fundación Cajamar (Descargar pdf).