Ni cerrojazo institucional, ni flexibilidad infinita

Seis reflexiones breves sobre la inminente sentencia del Tribunal Constitucional y las reacciones anticipadas que ha suscitado:

1. La legitimidad del TC para juzgar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña no puede ser cuestionada por su actual composición (interina pero legal), ni tampoco por el eventual contenido de una sentencia que todavía está por conocer. En nuestra democracia (y en la mayoría de los sistemas de nuestro entorno), el Poder Legislativo y la expresión en referéndum de la voluntad popular sólo son expresión última e inapelable de soberanía en los procesos constituyentes (aprobación y reforma de la Constitución). El resto de disposiciones legales, incluido el Estatuto catalán, están sometidas a control jurisdiccional. Sólo modificando la Constitución podría cambiarse esta realidad.

2. Distinto de cuestionar la legitimidad es discrepar en términos jurídicos del contenido de la sentencia. En una sociedad democrática madura, la libre expresión de esa discrepancia no debería causar ningún tipo de inestabilidad institucional. Las decisiones del árbitro hay que acatarlas, pero se pueden discutir.

3. El Estatuto no quedó deslegitimado por la baja participación en el referéndum de ratificación, pero este bajo respaldo puso de manifiesto, una vez más, que el autogobierno preocupa relativamente poco en amplias capas de la población catalana (aunque mucho a los sujetos políticamente activos).

4. Las respuestas a la sentencia no deberían desencadenar un choque de nacionalismos. Es de esperar que no haya desafíos institucionales en Cataluña, ni rancio españolismo en el resto de España.

5. El desarrollo del Estado de las Autonomías no puede entenderse, en el marco de la actual Constitución, como un proceso abierto ad infinitum. Por mucha flexibilidad que pueda aplicarse a su interpretación, el marco constitucional implica límites infranqueables (desconozco si el Estatuto catalán los rebasa o no; ya nos lo dirá el TC). Aquellos que deseen ampliar esos límites deberían plantear abiertamente la reforma constitucional, en vez de forzar por vía interpretativa las costuras de nuestra Carta Magna.

6. Para ampliar ese marco o para definir mejor sus contornos, los españoles deberíamos abordar la culminación de nuestro modelo de organización territorial mediante una reforma constitucional basada en una descentralización amplia, simétrica y cerrada, con un reparto competencial explícito entre Estado y Comunidades Autónomas, y un Senado configurado como auténtica cámara de representación territorial.

Peatonalizar nunca es un error

El tráfico es un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo. No lo olvidemos. Reducirlo dentro de los cascos urbanos debe ser un objetivo irrenunciable para las autoridades municipales, porque con menos tráfico gana nuestro bolsillo, nuestra salud y nuestro bienestar. Ganamos todos: los peatones habituales y los que están por serlo.

La Verdad publicaba el jueves que La peatonalización de la avenida de la Libertad divide a los vecinos, y que muchos creen que será un error limitar el tráfico en una vía tan céntrica. Como siempre en estos casos, surge el escepticismo y la polémica. Ya la hubo hace años, cuando también en Murcia se peatonalizaron las plazas del Cardenal Belluga y Santo Domingo. Hoy, sin embargo, a los más jóvenes nos cuesta imaginar que los coches circulaban en torno a la Catedral.

Años después ocurrió lo mismo en Cartagena, cuando se planteó la remodelación de la calle del Carmen. Inexplicablemente, muchos se opusieron. Pero hoy no puede negarse que estaban equivocados. Peatonalizarla es lo mejor que se ha hecho en Cartagena desde que se fueron los romanos. Aquella calle sombría, de aspecto sucio y aceras estrechas, siempre llena de coches, luce ahora espléndida y luminosa, con sus fachadas modernistas restauradas y sus establecimientos comerciales renovados. Ahora la gente pasea tranquilamente, se sienta en las terrazas y se detiene frente a los escaparates. El beneficio para los comerciantes ha sido innegable. Un acierto monumental que se ha extendido después a Santa Florentina y la Puerta de Murcia (ahora, claro, sin polémica ni discusiones), completando todo un eje peatonal desde la Plaza de España hasta el mar que, como reconocía recientemente el diario La Opinión, está reactivando –ahora sí– el centro de la ciudad.

Aprendamos de la experiencia. No conozco ningún caso de peatonalización del que hayan tenido que arrepentirse los políticos, los comerciantes o los vecinos. Todo lo contrario: el que lo prueba, repite con más calles. Siempre que se haga con las debidas cautelas y facilitando los accesos mínimos necesarios (garajes, repartidores y proveedores del comercio, vehículos de emergencia), peatonalizar nunca es un error. Un cierre al tráfico que hoy puede parecer un disparate inviable, mañana se asimila con naturalidad, circulando por vías alternativas o –lo que es mejor– dejando el coche en casa y yendo a pie. Las calles peatonales, signo de las sociedades más avanzadas, son causa y consecuencia del desarrollo. Abundan en las ciudades y pueblos con más calidad de vida y más desarrollo económico, social y cultural. Recuperemos la calle como espacio de convivencia. ¿Probamos en Fuente Álamo? ¿Abrimos el debate?

Aznar ha dicho...

«Debemos exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia.»

«Es esencial que los partidos pongan el máximo esfuerzo en proteger y en alentar las vocaciones políticas auténticas, y lo es también que pongan el máximo celo en detectar y desautorizar a los vividores de la política que a todos nos avergüenzan y nos repugnan.»

Pues eso.

La fórmula de la corrupción

Recojo la sugerencia de un lector que me ha pedido un post sobre cómo evitar la corrupción política, sobre todo a nivel municipal. La cuestión es compleja y difícil de tratar en una sola entrada de blog. Pero os propongo como punto de partida para la reflexión la ecuación de la corrupción formulada por Robert Klitgaard:

C=M+D–A

Siendo,

C: corrupción

M: monopolio de la decisión

D: discrecionalidad (margen de decisión)

A de accountability: rendición de cuentas (control)

De esta manera, la solución “aritmética” de la corrupción sería aparentemente sencilla: reducir M y D, y aumentar A.

Para reducir M y D habría que replantear la titularidad y el ejercicio de determinadas competencias –especialmente las relacionadas con el urbanismo– dando mayor peso a la Administración autonómica y a la ordenación supramunicipal del territorio. Establecer mecanismos de control de oportunidad o incluso un urbanismo paccionado (como ya existe en algunos países nórdicos) prevendría arbitrariedades y excesos, y reduciría los riegos de corrupción al ampliar el abanico de autoridades y poner distancia entre éstas y los beneficiarios de su actuación. Pero muchas medidas que se podrían adoptar en esta línea, además de requerir grandes consensos políticos y profundas reformas legales, tropezarían con la generosa interpretación del principio de autonomía local que hace nuestro Tribunal Constitucional. Más posibilidades hay en el ámbito de la contratación administrativa, reduciendo la discrecionalidad abierta de los contratos menores y combatiendo la discrecionalidad encubierta que puede haber detrás de algunas adjudicaciones por concurso.

Pero es en materia de control (incrementando A) donde se pueden dar más pasos. Sin embargo, de poco sirven los controles jurídicos y contables si no existe a la par un control político y social, si hay una actitud de pasividad, tolerancia o comprensión hacia las conductas irregulares.

Son muchas las medidas y controles que se pueden adoptar. Más adelante comentaremos algunas. En cualquier caso, debe quedar claro que la corrupción también es un problema sistémico, que ningún partido político tiene el monopolio de la honradez, y que no puede confiarse solamente en la ética espontánea de los cargos públicos. La corrupción hay que prevenirla combatiéndola en origen. Los políticos tienen el deber inexcusable de escribir derecho, pero si el sistema les pone renglones, mejor que mejor.

Para terminar, os recomiendo el artículo Boom urbanístico y corrupción política en España, pubicado por Fernando Jiménez Sánchez en Modernidad, crisis y globalización: problemas de política y cultura. Colección Mediterráneo Económico, n.º 14 (diciembre 2008). Fundación Cajamar (Descargar pdf).

Homenaje a José Ramón Jara

Amad la política. La necesitan los que menos tienen. Si os gusta la política y estáis en política no sois unos bichos raros: sois buena gente.

No creais en los políticos profesionales, ni en los que se creen imprescindibles. Nadie lo es. Lo único imprescindible es entregarse con generosidad mientras se está en ella.

No confundáis la defensa de vuestras opiniones en el interior de la Organización, a la que tenéis derecho y estáis obligados, con la lucha por el poder.

Desconfiad de los salvapatrias, de los líderes y de los que no buscan más que el oropel de la política; de los que, aunque no lo reconocerán nunca, buscan en la política la adulación y el poder; los que no vienen a servir, sino a ser servidos. Desconfiad de los que no estén dispuestos a irse, y también de los que quieren volver a cualquier precio, aunque sea desangrando al partido. Vivid la política con intensidad, acceded a cargos institucionales y orgánicos si podéis, pero estad siempre dispuestos a dejarlos en cualquier momento. El cargo no es vuestro, es del partido.

Vivid la política como entrega a los demás. Si lo hacéis así nunca os aferraréis al sillón; os alegraréis cuando os pidan ser relevados.

Seguid cambiando los modos de hacer política en el partido: impregnad de democracia real vuestra organización. No tengáis miedo a la democracia interna. Sed valientes y haced una organización participativa.

Y divertíos mucho. Haced buenos amigos: son para toda la vida.

José Ramón Jara Vera
Discurso a las Juventudes Socialistas de Ceutí
en su 30º Aniversario (enero 2008)

Sobre la Renta Básica de Ciudadanía (RBC)

En su blog La Sombra de Aznar, Fran Rodríguez ha abierto el debate sobre la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), proponiendo su inclusión en el programa del Partido Socialista Obrero Español. Para no escribirle un comentario demasiado extenso, he preferido participar en el debate con esta entrada propia en mi blog.

Para ponernos en antecedentes, la RBC sería un «ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva» (Red Renta Básica). Es decir, estaríamos ante una paga mensual que todos cobraríamos del Estado, trabajemos o no, y que estaría destinada a cubrir las necesidades básicas de la vida.

Entre las virtudes y beneficios de esta renta se citan la práctica erradicación de la pobreza, la mejora de los salarios (especialmente en los trabajos más desagradables), la reducción del trabajo en la economía sumergida (ya que el derecho a cobrar la RBC no se perdería por tener empleo declarado), el fomento del trabajo a tiempo parcial y de la movilidad laboral (con la consiguiente reducción del desempleo) o el fomento de la iniciativa empresarial (al reducir el riesgo del autoempleo). Desde luego, a primera vista no faltan razones para apoyar una inciativa como esta o, al menos, para considerarla y analizarla con seriedad y respeto. Precisamente por eso, quiero exponer cuáles serían -a mi entender- algunos de sus inconvenientes y dificultades.

1. El primer problema que plantea la RBC es su justificación teórica o, si se prefiere, su legitimación. Es cierto que este ingreso contribuiría a garantizar la libertad real o material de los individuos, pero la no exigencia de contraprestación previa o simultánea hace insuficiente este argumento. ¿Es la ciudadanía (es decir, la simple condición de ciudadano) un título o mérito suficiente para tener garantizado el sustento, incluso estando en plenas condiciones de trabajar y negándose voluntariamente a hacerlo? Es una cuestión que dejo abierta, pero tengo serias dudas.

2. La implantación de la RBC en España podría ser, incluso, inconstitucional. El artículo 35 de nuestra Constitución establece que los españoles tienen el deber de trabajar (además del derecho al trabajo). Que este deber tenga naturaleza meramente programática (nadie puede ser obligado a trabajar, ni ser sancionado por no hacerlo) no significa que carezca totalmente de efectos jurídicos. Como ya afirmó hace años Santiago Varela, «esto no quiere decir que las normas constitucionales que señalan deberes carezcan absolutamente de eficacia, sino solamente que no son eficaces en relación a las conductas personales, es decir, en cuanto generadoras de deberes jurídicos para las mismas. Pero las cosas cambian si contemplamos estas normas desde otra perspectiva: la de su eficacia frente a los poderes públicos y, en particular, frente al legislador. [...] Estaríamos, sobre todo, ante el reconocimiento de un ámbito de intervención al poder público para procurar el cumplimiento de "valores" o "funciones"». (La idea del deber constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 4, pp. 83 y 86). De esta manera, que los poderes públicos garanticen ingresos a quienes no trabajan, teniendo plenamente condiciones para hacerlo, podría interpretarse como una política incompatible con el deber constitucional de trabajar.

3. La RBC la cobrarían todos los ciudadanos, es decir, todos los españoles y quienes residan legalmente en España. Este reconocimiento casi universal plantearía dos problemas. Por una parte, supondría un 'efecto llamada' para la inmigración irregular que, con la esperanza de una futura regularización, se vería incentivada para venir a un país que les garantizaría el sustento (aunque no necesariamente el trabajo). En un mundo globalizado como el actual todavía caben las políticas nacionales, pero una de tanto impacto como la RBC tendría una implementación local complicada y contraproducente. Además, debemos tener en cuenta que existe una ciudadanía de la Unión Europea, que garantiza la libertad de circulación y residencia en todo el territorio de la Unión a los nacionales de los Estados miembros. Esta circunstancia, además de conllevar un 'efecto llamda intracomunitario', nos lleva a pensar que la RBC debería abordarse necesariamente a nivel comunitario. No obstante, si tenemos en cuenta que las competencias de la UE en materia fiscal y social son mínimas, y las dificultades para alcanzar el consenso en una propuesta tan arriesgada, las posibilidades de implementar una RBC europea serían prácticamente nulas.

4. Se dice que la RBC mejoraría las condiciones de trabajo y el salario, al incrementar la capacidad negociadora de los trabajadores. Tratándose del salario, sospecho que podría suceder todo lo contrario por la tendencia de algunos empresarios a «descontar» la RBC: «Te pago 700 y con los 600 que te da el Gobierno juntas 1.500, y con eso ya vas bien.»

5. Afirmar que una propuesta de RBC despertaría el interés y el consenso en la Región de Murcia y en España en general significa conocer muy poco el perfil sociológico de nuestro país y de nuestra región. Lejos de causar entusiasmo, suscitaría un fuerte rechazo en las clases medias, que se verían más como pagadoras (con sus impuestos) que como beneficiarias. «Zapatero quiere ponerle un sueldo a los gandules, pagado con mis impuestos» sería el análisis más frecuente. Y el hundimiento electoral del Partido Socialista estaría garantizado. El rechazo social que el PER ha cosechado fuera de los territorios y los colectivos perceptores es un significativo botón de muestra. No basta con que la RBC sea económicamente viable, lo que requeriría una economía saneada y altamente productiva que España no tiene. Sería necesario que, además, fuera sociológica y políticamente viable gracias a una cultura política cívica y fuertemente postmaterialista que España (y menos aún la Región de Murcia) tampoco tiene.

A pesar de estos cinco inconvenientes, sigo pensando que la RBC es una interesante propuesta para la reflexión y para marcar metas que, aunque utópicas o lejanas, pueden guiar e impulsar el desarrollo del Estado del Bienestar. Por ejemplo, tal vez sería deseable que, inspirándonos en la idea de RBC, hiciéramos converger en un 'módulo único' el salario mínimo interprofesional (SMI), el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la pensión mínima, el subsidio mínimo por desempleo, las becas de investigación o el mínimo exento personal en el IRPF. Pero de ahí a una RBC universal va un trecho que, de ser posible, habría que recorrer lentamente y con cautelas. Si existen experiencias exitosas, como el caso de Alaska (debe de ser muy exitosa cuando ha sobrevivido a Sarah Palin), habrá que considerarlas y examinarlas, pero sin perder de vista que Alaska no es España, y que las circunstancias sociales, políticas y económicas son determinantes para la viabilidad de una propuesta tan arriesgada como esta que nos ocupa. Los socialistas no debemos perder la utopía como horizonte inspirador de nuestras políticas (eso, precisamente, nos diferencia de otras opciones políticas), pero manteniendo los pies en el suelo. De lo contrario, el batacazo puede ser monumental.

Dos artículos para un puente

Os dejo dos artículos que publica hoy El País. En el primero, Enric González nos habla de La paradoja californiana y de los peligros de la democracia directa cuando se trata de decidir sobre impuestos. En el segundo artículo, Soledad Gallego-Díaz nos recuerda una obviedad que a menudo se olvida, que La corrupción es algo serio. Nos pregunta si queremos acabar en una sociedad en la que el catedrático de una universidad acepta un reloj de 20.000 euros del padre de un alumno, "en prueba de simple amistad", o en la que el médico del hospital público reciba un coche tapizado en negro de una empresa farmacéutica, "como muestra de admiración por su abnegado trabajo". Esta interesante reflexión de Gallego-Díaz me ha descubierto además el concepto de corrupción blanca, acuñado por Arnold Heidenheimer para esa que la ciudadanía acaba tolerando. Espero vuestros comentarios.

La paradoja californiana

California es riquísima: si fuera independiente, tendría un lugar entre las ocho mayores potencias económicas del mundo. California goza de uno de los sistemas políticos más democráticos del planeta, quizá el más democrático: puede decirse que el votante, o sea, lo que llamamos el pueblo, ejerce el poder de forma directa. Quizá como consecuencia de lo anterior, California goza de unos mecanismos fiscales justos y a la vez redistributivos: el 3% de los contribuyentes, los más ricos, pagan el 60% de los impuestos totales.

Éstas son las razones de que California lleve más de una década hundiéndose en la ruina.

La catástrofe empezó en los años setenta, cuando el valle de Santa Clara fue rebautizado como Silicon Valley por su concentración de industrias informáticas. California se hacía rica en plena crisis del petróleo y atraía una intensa inmigración de otros Estados. Los precios inmobiliarios subían y los impuestos sobre el patrimonio (la casa) estaban haciéndose insoportables para muchos pensionistas y familias con rentas bajas.

En California, como decíamos, la democracia no sólo se ejerce de forma indirecta, con la elección de representantes. El sistema prevé que las cuestiones de importancia se resuelvan con un referéndum. El problema fiscal desembocó, lógicamente, en un referéndum sobre la llamada "Proposición 13", que limitaba el impuesto sobre la vivienda al 1% del precio de compra, con revalorizaciones máximas del 2% anual. Ya puestos, se incluyó en la papeleta otra medida: para aprobar cualquier subida de los otros impuestos estatales sería necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento californiano.

Como era de esperar, la Proposición 13 fue aprobada por amplia mayoría. Y creó las bases de un déficit presupuestario crónico. Se estima que, gracias a los topes fiscales (el IRPF máximo no llega al 10%), los californianos se han ahorrado 500.000 millones de dólares en 30 años. Visto desde el otro lado, esa cantidad es la que ha dejado de ingresar en las arcas públicas.

La gobernación por referéndum creó, en los años siguientes, nuevas distorsiones. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad segura? Los californianos, como todo el mundo, exigen seguridad. Por eso exigieron leyes más y más severas, que afectaban en especial a toxicómanos y pequeños delincuentes, y eso supuso más y más condenas. Lo que llevó a la construcción de más y más cárceles. Actualmente hay 170.000 reclusos (en España, cuya población es similar a la de California, rondan los 76.000), que cuestan anualmente 200.000 dólares por cabeza.

De forma similar, los californianos han exigido mejor educación pública, leyes estrictas contra la contaminación, medidas de protección social, subsidios, etcétera. Lo normal: todos queremos muchos servicios y pocos impuestos.

La crisis está siendo muy cruel con California. El desempleo ronda el 10%, con puntas del 50% en las zonas agrícolas; medio millón de californianos se han largado a otros Estados desde 2004; el número de estudiantes universitarios cae en picado. En 2003, el gobernador Gray Davis fue expulsado del cargo por referéndum (ya ven lo que puede hacer la democracia directa) debido al catastrófico estado de las finanzas públicas. Eso permitió la elección de Arnold Schwarzenegger, que ahora mismo maneja un déficit y una deuda mucho más graves que las de Davis.

La única solución sería subir los impuestos. Pero no se puede. Son los inconvenientes de la democracia directa.

Publicado por Enric González en El País (11-10-09)

La corrupción es algo serio

Es posible que el hecho de que un alcalde regale a un dirigente de su partido un reloj valorado en 20.000 euros no sea un delito tipificado en el Código Penal. Quizás. De lo que no cabe duda es de que se trata de un caso de corrupción política, en el sentido de perversión o alteración de normas asumidas por los ciudadanos, y que tanto el alcalde como el dirigente deberían presentar su dimisión.

No se comprende bien a qué espera el Partido Popular para tomar medidas en el caso Gürtel, al margen de lo que vayan decidiendo los tribunales. Estamos hablando de un partido que aspira a gobernar en las próximas elecciones. Y de un país con cuatro millones de parados, con millones de trabajadores que tienen los salarios congelados, que están obligados a bajar su nivel de vida y que tendrán que pagar más impuestos. Y en el que algunos políticos aceptan como regalo coches, relojes de miles de euros o trajes.

Lo lógico sería que los ciudadanos estuviéramos realmente furiosos ante la desidia de los responsables de un partido que está en la oposición y que debería presentársenos en estos difíciles momentos como una alternativa fiable y honesta, capaz de relevar a un gobierno desgastado, y que, en lugar de eso, se mantiene impávido ante los casos de corrupción que van apareciendo en su propia organización, como si creyera que para ganar unas elecciones no hiciera falta demostrar integridad.

La corrupción política, la falta de rectitud, es una cosa muy seria. Lo peor no es el caso Gürtel en sí, que los tribunales serán capaces en su momento de castigar, en lo que jurídicamente sea delito. Lo peor es la tolerancia, la voluntad de quitarle importancia, de hacer creer a los ciudadanos, con un guiño, que ellos harían lo mismo si estuvieran en esas circunstancias. Eso es lo que realmente hace un daño formidable a la sociedad española y de eso son responsables los máximos dirigentes del PP.

Es una actitud equivocada, con consecuencias mucho más graves de lo que se pretende. Y es una responsabilidad muy seria que recae directamente sobre los hombros de Mariano Rajoy. Esto no es una batalla que exija fintas políticas ni demostraciones de ingenio. Esto son cosas serias, realidades crueles, que precisan decisión y rapidez. Si quiere gobernar este país tiene que demostrar, no sólo que él mismo es íntegro, sino que no acepta, ni convive, ni tolera la corrupción ni la falta de rectitud.

No se puede solicitar la confianza de los ciudadanos para gobernar en plena crisis con políticos que se regalan relojes exclusivos y que aceptan coches "con muestras de amistad". No debe haber resquicio ni interpretaciones ambiguas: las autoridades y representantes políticos de los ciudadanos no pueden aceptar obsequios valiosos, ni como soborno, por supuesto, ni como "muestra de buena voluntad". Y cuando se detecta algún caso, debe ser extirpado inmediatamente del tejido político, porque, si no se hace, se termina cayendo en lo que Arnold Heidenheimer, el mayor teórico en corrupción política, catalogaba como "corrupción blanca", actos reprensibles que pasan a ser considerados tolerables por la mayoría de la población ante la evidencia de que no son castigados ni rechazados.

Los ciudadanos ya estamos advertidos: ¿queremos acabar en una sociedad en la que el catedrático de una universidad acepta un reloj de 20.000 euros del padre de un alumno, "en prueba de simple amistad"? ¿En la que el médico del hospital público reciba un coche tapizado en negro de una empresa farmacéutica, "como muestra de admiración por su abnegado trabajo"?

Como casi siempre en estos casos, resulta descorazonador comprobar cuál ha sido la primera reacción del partido afectado: no buscan a los responsables del desaguisado, sino que buscan desesperadamente a los responsables de que esas corrupciones hayan salido a la luz pública. Sinceramente, lo único edificante y de lo que sentirse orgulloso en toda esta historia ha sido comprobar cómo el periodismo profesional sigue sirviendo a los ciudadanos como el mejor valladar contra la corrupción.

Publicado por Soledad Gallego-Díaz en El País (11-10-09)

¿Derecho a rectificar o falta de palabra?

¿Cuántas veces ha anunciado Valcárcel su retirada? Llegó a la presidencia de la Comunidad Autónoma en 1995, asegurando que sólo permanecería ocho años en el cargo. Igual que Aznar, sólo que éste cumplió su palabra y, tras dos mandatos, renunció a presentarse de nuevo a las elecciones. Pero lo de Valcárcel empieza a ser de chiste. Se ha desmentido tres veces, en tres convocatorias electorales sucesivas, después de anunciar, afirmar y asegurar que dejaba el cargo. Para tanto incumplimiento sólo se me ocurren dos explicaciones:

a) Miente deliberadamente cuando anuncia que no optará a la reelección.

b) Tiene un serio problema de volatilidad en la voluntad, que le hace cambiar continuamente de criterio.

No discuto en absoluto la legitimidad democrática de un presidente que cuenta con un respaldo electoral muy amplio. Tampoco pretendo defender ahora la limitación legal de mandatos. Valcárcel tiene todo el derecho del mundo a morir en el cargo después de una feliz ancianidad. Pero practicar la «autolimitación», para después incumplirla reiteradamente (y ya van tres veces), no es serio. No me parece serio que un político de este nivel incumpla sistemáticamente la palabra dada, especialmente en un asunto tan crucial como éste. La autolimitación de mandatos no es una promesa más, de esas que los cargos públicos incumplen por falta de presupuesto o por cambios circunstanciales. Es «la promesa» por antonomasia, donde se mide el valor de la palabra dada. Aznar hizo valer la suya, cumpliendo lo prometido en contra de sus propios deseos y de los intereses de su partido.

Durante estos días he seguido las páginas de opinión de la prensa regional, y me ha sorprendido que ningún columnista haya comentado en sentido crítico esta enésima marcha atrás de Valcárcel. Parece como si en esta Región nos hubiéramos acostumbrado y lo viéramos como algo normal, como una constante de nuestra historia política reciente que no merece mayor análisis. Me parece preocupante. En otros países, y probablemente en otras Comunidades Autónomas de España, este tipo de vaivenes conllevarían el descrédito y un severo castigo electoral.

Repasemos la hemeroteca para comprobar la contundencia de las palabras de Valcárcel, que no dejaban lugar a dudas sobre su voluntad –firme y decidida– de no optar a un quinto mandato.

4 de octubre de 2008: El presidente reitera que no se presentará a la reelección. «No voy a aceptar, sencillamente porque dije que no va a ser así, y no va a ser así».

5 de marzo de 2009: Valcárcel reitera que no se presentará a la reelección porque «es el momento de dejar el testigo a otro»

16 de mayo de 2009: Valcárcel insiste en que no se presentará a un nuevo mandato y elogia a la alcaldesa de Cartagena como su posible sucesora

20 de mayo de 2009: «¿No será Valcárcel el sucesor de Valcárcel?», le preguntaron. «No», respondió él, para reiterar después que no se presentará a la reelección. (Ver).

1 de agosto de 2009: Valcárcel reitera el compromiso de que no se presentará a la reelección. «Cuando acabe este mandato me dedicaré a hacer mi vida personal», concluyó a preguntas de los periodistas.

Pero sólo dos días después de reiterar lo reiterado, el Presidente empezó a preparar el terreno para la marcha atrás en un barroco artículo titulado Cada cosa en su sitio (La Verdad, 3 de agosto de 2009):

«Si hay alteración sobre mis actuales decisiones, obedecerá, insisto, a otros motivos. Nobles y al servicio de un proyecto inspirado por este gran partido, que es el Partido Popular, y dirigido a una gran Región, como es mi querida Región de Murcia. Y llegado el momento, si así fuera, no me dolerá en prendas el anunciarlo.»

Ese mismo día, La Verdad publicaba otro artículo donde el presidente reivindicaba su «derecho a rectificar»: Valcárcel: «Si sigo, nunca será por evitar que Cámara me suceda» Asegura tener «un gran cariño» al alcalde de Murcia y, aunque reitera que se va al terminar la legislatura, defiende que «yo también tengo derecho a rectificar».

Y la rectificación no se hizo esperar. El pasado 29 de septiembre, en una asamblea del PP de San Pedro del Pinatar, anunciaba sin rubor alguno que en 2011 volverá a ser candidato: Valcárcel confirma que piensa repetir como candidato a la presidencia

¿Derecho a rectificar? ¿Tantas veces y sin necesidad de equivocarse previamente? A mí me daría vergüenza rectificar tanto.

Llueve, llueve

Os dejo dos vídeos para que veáis cómo se las gastan las dos ramblas de mi pueblo. La primera es la del Fraile (más conocida como Rambla de Fuente Álamo o de El Albujón). Desemboca en el Mar Menor después de atravesar de Oeste a Este todo el Campo de Cartagena. La segunda es una afluente suya, la Rambla de La Azohía.

Lo esencial y lo accesorio

En La Opinión del martes, Ángel Montiel se me adelantó con un artículo titulado El fondo y las formas, donde viene a decir lo mismo (y más, y mejor) que yo en esta entradilla de blog, que tenía a medio escribir desde agosto. Para colmo, ayer se me cascó un archivo con un artículo casi terminado sobre la segunda descentralización (algunas propuestas que hacía eran tan rompedoras, que han acabado rompiendo el archivo informático). Llevo diez días sin publicar nada, mucho para cualquier bloguero que se preste. Así que os dejo esta reflexión sobre lo que considero esencial y accesorio en la lucha contra la corrupción.

Tratándose de corrupción propia, el mensaje que está trasladando el PP en los últimos meses viene a ser «ante la duda, no investiguen». Una idea peligrosa, porque perseguir solamente delitos flagrantes o evidentes en el ámbito de la gestión pública garantizaría a los políticos grandes espacios de impunidad. A la dificultad de probar estas conductas (los tratos de favor casi siempre se realizan mediante procedimientos administrativos formalmente ajustados a la legalidad) habría que añadir la inhibición de policías, fiscales y jueces temerosos de dañar el honor de los políticos investigados y de ser incluidos en oscuras tramas del Gobierno para aniquilar a la oposición. Pero la labor de policías, fiscales y jueces no puede limitarse a perseguir delitos flagrantes o evidentes; deben investigar también aquellos que se sospechan a partir de indicios. Y llegado este punto, conviene recordar que aquello de «la mujer del César…» sigue vigente para los políticos, a quienes conviene ahorrarse el clásico «no es lo que parece, puedo explicarlo». Aceptar regalos de un tipo como El Bigotes es, como mínimo, una temeridad política. Aunque luego te salve el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con una interpretación jurídica traída por los pelos y adoptada por un juez con quien te une una «íntima y sentida relación». De igual modo, si una obra pública acaba costando el doble de lo presupuestado inicialmente, y además aparecen otros indicios… ¿hay que dejarlo pasar? Ante la duda hay que investigar. Y si la duda se despeja o simplemente persiste sin confirmarse, entonces absolver. Si en ese proceso se cometen excesos a la hora de practicar detenciones o filtrar datos declarados bajo secreto, que se depuren responsabilidades y se sancione a quien corresponda. Pero los excesos en lo accesorio no pueden ser excusa para deslegitimar la investigación de lo sustancial. Como dice Montiel, quienes pretenden tapar la corrupción con pretextos formales participan inevitablemente en ella.

¡Qué gente!

Hace un par de años leí el dato: se estima que en Estados Unidos mueren al año unas 150.000 personas que salvarían la vida con un sistema sanitario como el español. Eso, en la primera potencia mundial, en el país más rico del mundo. No faltará quien diga que ese modelo, basado en seguros privados, puede ser injusto pero más eficiente. Pues tampoco. El «sistema» (por llamarlo de algún modo) sanitario norteamericano es el más ineficiente de todo el mundo desarrollado: les cuesta el 15% de su Producto Interior Bruto y deja sin cobertura a más de 46 millones de ciudadanos que no pueden pagarse un seguro. Mientras, en el resto de países de la OCDE damos asistencia de calidad a toda la población con tasas de gasto total (público y privado) que rondan el 9% del PIB. Obama quiere corregir tímidamente el desaguisado con una reforma sanitaria que, no obstante, quedará lejos de imitar los modelos europeos de cobertura pública, universal y gratuita. Pero ya le ha costado una manifestación de ultras en Washington, que lo han acusado de «socialista», comparándolo nada menos que con Hitler o Stalin. Allí estaban, eran miles, con su individualismo descarnado y su cultura de frontera. ¿Llevaría alguno su Winchester 73 con el que cuidar de sí mismo? Qué patriotismo. ¡Qué gente!

¿Qué es eso de la 'legitimidad social'?

Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, ha dicho que el Presidente del Gobierno «no tiene legitimidad social para subir los impuestos», y que para eso hace falta «algo más que una mayoría parlamentaria suficiente». ¿Algo más? ¿Alguna suerte de derecho divino, histórico o natural, tal vez?

Yo me pregunto qué es eso de la legitimidad social, ese «algo más» necesario aparte de la legitimidad política que dan las elecciones. Y, sobre todo, me pregunto quién es el supremo intérprete de esa legitimidad social, para juzgar quién la tiene y quién no, al margen de las urnas, el Derecho y las instituciones. Cualquier respuesta resultaría inquietante, cuando menos.

Hablando de subidas de impuestos, os dejo unos datos muy significativos:

Presión fiscal en España:

- 1995 (último año de Felipe González): 32,6%

- 2003 (último año de Aznar): 33,9%

- 2008 (último ejercicio presupuestario): 32,8%

Y otra comparación interesante:

- Presión fiscal en España: 32,8%

- Presión fiscal media en la Unión Europea: 39,0%

Pedro Antonio vuelve a clase

Si todo va según lo previsto, Pedro Antonio Ríos se incorpora hoy a su trabajo en el instituto Alcántara de Alcantarilla, como profesor de Lengua y Literatura, después de años dedicado en exclusiva a la política. Lo anunció el pasado 17 de julio en un artículo publicado en La Verdad y titulado De abuelo a nieto y la política por medio. Ríos ha sido diputado regional y nacional por Izquierda Unida y, sin abandonar esta formación, ha pasado su última etapa en la política activa como asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Ministerio del Interior. Podría haber continuado en este puesto, pero ha preferido «regalarse» la vuelta a clase y a Murcia para ver crecer a sus nietos.

Otros políticos de la izquierda murciana lo han precedido en este retorno a las aulas. Lo hizo Carlos Collado, que volvió a su plaza de profesor de Filosofía en el instituto Alfonso X El Sabio de Murcia, tras catorce años en excedencia por desempeño de cargos públicos, entre ellos el de Presidente de la Comunidad Autónoma. Y también volvió al instituto Ramón Ortiz, después de ser alcalde de Cieza, diputado regional y nacional, y Secretario General del PSRM-PSOE.

Poca gente lo sabe, pero Valcárcel también era profesor antes de dedicarse a la política. Daba clases de Historia en un colegio privado de Murcia, el Ruiz Mendoza, que ya no existe. ¿Pero alguien imagina al Presidente manchándose de nuevo los dedos de tiza? Inverosímil, ¿verdad? Algunos políticos no suelen desperdiciar su talento y su experiencia volviendo a sus trabajos de origen. Antes se buscan un ‘carguito’ para retirarse.

31 de agosto, lunes

Por la vaca y la República (recordando pintadas de los ochenta)

Fuente Álamo ya está en fiestas y me he puesto a recordar aquellas de mi infancia, con vaquilla, carretillas y verbenas en la piscina. No sé si mejores o peores, pero eran distintas. En las fiestas, como en todo, los modelos se agotan y unas etapas van sucediendo a otras.

Había cosas que inevitablemente tenían que cambiar. Las carretillas eran peligrosas y dejaban perdidas las fachadas y persianas de la Plaza del Ayuntamiento. Y aquello de la vaquilla, también. Recuerdo aquellas noches viendo desde la empalizada cómo maltrataban a aquellos pobres animales. Y aquel cartel que rezaba «Cuidado con la vaca. Responsable el que se meta», como si esa advertencia sirviera para algo puestos a vérselas en un juzgado.

A finales de los ochenta el entonces alcalde, Ginés Jiménez, decidió con buen criterio que ya no habría más vaca, que el Ayuntamiento no tenía por qué asumir la responsabilidad civil de posibles accidentes (porque, además, no se encontraba compañía con la que contratar un seguro). Pero al comienzo de la democracia ya debió de faltar en algunas fiestas, porque apareció en el pueblo una pintada que decía así:

Menos sueldos municipales y más vaca pa los zagales

Si no recuerdo mal, estaba en la pared del antiguo mercado de ganados, en el lugar que ahora ocupa el instituto Ricardo Ortega. Yo la recuerdo allí desde siempre. Debió de hacerse en el 80 o el 81 -si no antes-, cuando el alcalde no estaba liberado, ni tampoco los concejales; cuando la política local se hacía con más buena voluntad que ánimo de lucro. Y cuando la plantilla del Ayuntamiento era de lo más modesto. Vamos, que sueldos municipales, lo que se dice sueldos municipales… pocos y pequeños. Muchas veces me he preguntado qué pensará —o pensaría— ahora la persona que escribió aquella pintada.

Si la memoria no me confunde, en la misma pared y escrita por la misma mano había otra que, en tono de reproche, preguntaba:

Socialistas, ¿dónde está Pablo Iglesias republicano?

Pedían la vaca y la República, pero entonces —como ahora— había riesgos que era mejor no asumir.

Felices fiestas a todos.

Mentir para defenderse, mentir para atacar

En España un ciudadano imputado puede mentir ante el juez que lo investiga o juzga sin incurrir en el delito de falso testimonio. Puede decirse que en nuestro país se reconoce un cierto derecho a mentir en defensa propia, aunque no esté reconocido expresamente como tal. Con el archivo provisional de la causa penal contra Camps ha quedado de manifiesto que el Presidente valenciano mintió cuando afirmó haber pagado sus trajes y no tener relación con Álvaro Pérez. Mintió en su defensa, también ante la opinión pública. ¿Es esto aceptable en un político? ¿Puede un cargo público decir negro en un primer momento, luego afirmar blanco, para finalmente acabar declarando gris?

Pero más grave que mentir para defenderse es hacerlo para atacar. Las declaraciones de María Dolores de Cospedal, acusando sin pruebas al Gobierno de realizar escuchas ilegales, no deberían quedar sin consecuencias, al menos políticas. No se puede hacer algo así. Ni puede Mariano Rajoy avalar esa acusación, aunque, eso sí, con unas declaraciones en las que se mostraba visiblemente nervioso. ¿Por qué?

Las diez lecciones del caso Camps (por Marisol Hernández, El Mundo)

Aquí os dejo un artículo que encontré en El Mundo, titulado Las diez lecciones del caso Camps, que nos muestra que el Código Penal no es el único límite que debe respetar un político.

Las diez lecciones del caso Camps

Los coletazos de la 'trama Correa' en la Comunidad Valenciana ponen sobre la mesa la necesidad de regular los regalos a los políticos y de que controlen sus amistades.

No obstante, el asunto no está cerrado, visto que la Fiscalía Anticorrupción anunció que presentaría hoy martes el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un día después de hacerse público el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que acuerda el sobreseimiento libre del 'caso Gürtel'.

1. Un presidente no debe tener en su círculo de amistades a 'El Bigotes'.

A los amigos no se les exige normalmente su declaración del IRPF, pero un político que preside una comunidad debe cuidar como nadie sus amistades. Francisco Camps cayó en las redes de seductor de Álvaro Pérez y casi acaba en el banquillo.

Cuando se ocupa un puesto de esta responsabilidad, es necesaria una intuición a prueba de aduladores para discernir el polvo de la paja. 'El Bigotes' -que nunca dejó de trabajar para Francisco Correa- no puede ser la persona que una Nochebuena cualquiera llame a un presidente. El "nos ha engañado" que esgrime Presidencia de la Generalitat no les descarga de responsabilidad.

2. Un partido no puede contratar únicamente con una empresa.

Desde su aterrizaje en la Comunidad Valenciana, Orange Market se convirtió en la empresa de referencia del PP. El argumento para explicarlo fue que Álvaro Pérez hacía su trabajo muy bien y que su disponibilidad era absoluta. Pero lo cierto es que sólo trabajaba para los 'populares'. No se le conocen otros contratos pseudo privados, a excepción de Feria Valencia, lo que da fe de cuál era la posición de Orange en el mercado.

3. La empresa del partido no puede contratar con la Generalitat.

Si no es comprensible que toda la actividad externa de un partido la monopolice una sola empresa, menos lo es que esta firma sea objeto de adjudicaciones de la Generalitat.
Álvaro Pérez se quejaba amargamente en los despachos de Presidencia de los pocos contratos que se le daban. Tal vez no debió recibir ninguno. El PP debería haber puesto esta condición antes de convertir Orange Market en su principal proveedor. Aunque el TSJCV ha dejado claro que no hay relación entre los regalos y las adjudicaciones, éste es un asunto que deberá abrir una reflexión.

4. Un político debe afrontar los contratiempos.

La manera más adecuada de enfrentarse a las dificultades es decir la verdad. Francisco Camps debió defenderse desde el minuto cero con todos los argumentos que tenía a su favor. Un presidente es responsable, sobre todo, ante los ciudadanos, y el primer ámbito para ejercer esta función son las Cortes Valencianas.

Frases como "tengo unas ganas locas, locas, locas de explicarme" o "quedan uno o dos escaloncitos" no han sido suficientemente explícitas.

5. Un presidente necesita un entorno sólido y audaz.

La pluralidad es una de las mayores virtudes de la democracia. Si un dirigente sólo tiene asesores que le dicen lo bueno que es, corre el riesgo de equivocarse.

Francisco Camps ha aparecido durante estos meses demasiado sobreprotegido. Las dificultades del proceso Gürtel han puesto de relieve algunas carencias en su entorno, que ha errado en sus previsiones. El TSJCV no iba a abrir una investigación por un asunto para ellos inexistente como el de los trajes, y lo hizo. Y Camps nunca sería imputado, y lo fue. Dentro y fuera del PP ha sido muy cuestionada la estrategia del caparazón.

6. Un dirigente no puede aceptar cualquier regalo.

A cualquier persona informada y con sentido común no le resultaría muy difícil discernir qué regalos están dentro de la cordialidad social —propia de las relaciones políticas— y cuáles no. Una caja de naranjas como las que Rita Barberá envía a Javier Arenas en Navidad lo está, un reloj como el que Álvaro Pérez supuestamente mandó a la ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, no. Urge una regulación de qué dádivas son o no aceptables. No es necesario aprobar una ley, es suficiente con un reglamento interno.

7. Un gobierno autonómico no puede pararse porque su presidente tenga un problema.

El presidencialismo impuesto por Francisco Camps ha resultado pernicioso. Como norma, un político debe saber elegir a los mejores. El dirigente valenciano escogió hace dos años un Ejecutivo de bajo perfil político y esta estrategia se ha demostrado errónea.

Con alguna excepción, el Gobierno autonómico no ha existido durante el proceso del 'caso Gürtel'. En el mayor momento de debilidad de Francisco Camps, los consejeros escogidos por él no han demostrado ni ideas ni iniciativa.

8. La política nacional entraña riesgos.

El presidente de la Generalitat Valenciana había ganado en los últimos años cierta proyección nacional, fruto más de su hegemonía electoral en la Comunidad que de su aportación al debate político. Sin embargo, estaba decidido a relanzar su carrera en Madrid, con objetivos siempre ocultos o disfrazados del interés por mejorar la influencia valenciana.

Cualquier incursión de estas características entraña riesgos. Por eso el presidente debía estar preparado para los éxitos y para las críticas.

9. Todos los que te dicen que te quieren pueden dejar de hacerlo.

La política implica la asunción de un cierto grado de hipocresía; mayor o menor en función del sistema de valores de cada persona. Gürtel ha demostrado a Camps que tiene enemigos, posiblemente más de los que pensaba dentro y fuera del partido. Pese al apoyo inquebrantable de Mariano Rajoy y de la dirección del PP, el dirigente ha sufrido cierto cuestionamiento interno. El archivo de la causa por el TSJCV supone la primera reparación.

10. Un político no puede tener a un juez como amigo.

Hay frases que cuando se dicen se desconocen sus efectos. Camps se equivocó al afirmar que el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, era su "amigo", y éste, al contribuir al intercambio de piropos. Pero en aquel momento ninguno podía intuir que les uniría un proceso judicial y que De la Rúa debería resolver un recurso de apelación del presidente.

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Publicado por Marisol Hernández en El Mundo del 4 de agosto

De vuelta

Ya estoy de vuelta, cuando casi todo se para en la blogosfera, y después del mes de julio más caluroso de los últimos 40 años. Pero no por el calor han dejado de pasar cosas que me hubiera gustado comentar aquí. Lo haré brevemente ahora para que podáis dar vuestro punto de vista… si es que queda alguien ahí.

Michael Jackson fue por fin enterrado, después de una vida y una muerte que nos vuelve a plantear el problema de los niños estrella que acaban siendo adultos estrellados. En España también tenemos algunos ejemplos. Habría que plantearse mayores límites a la explotación económica del talento infantil.

Al final hubo acuerdo para financiación autonómica. Por supuesto, siempre habrá descontentos (reales o fingidos). Si hay que conjugar distintos criterios como la población, la edad, el territorio o la insularidad, y además hay que aplicar los principios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, pues el asunto se complica bastante. Correlativamente, la manipulación de la opinión pública es más fácil. Es un terreno muy abonado para el victimismo que tan buenos réditos electorales da, aunque sea infundado.

La muerte del niño Rayan en el hospital Gregorio Marañón, a quien inyectaron por error un preparado lácteo en la vena, me recordó que la mejor prevención no es evitar la imprudencia, sino impedir la posibilidad misma de la imprudencia. Es en la fase de diseño de los instrumentos y los procesos cuando hay que garantizar que el error sea imposible. En este caso, los tubos para suministrar medicamentos (por vía parenteral) eran del mismo color, de la misma sección y utilizaban las mismas boquillas que los destinados a suministrar alimentación por sonda nasogástrica. Incomprensible.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo aprobó su Plan Económico-Financiero 2009-2015, con los votos del PP y la abstención de los demás partidos. El Plan, al menos, reconoce entre líneas muchos de los errores, excesos y malas gestiones que han llevado al consistorio a su actual situación de colapso financiero. Está bien que se reconozcan los fallos, pero se hace tarde y sin adoptar medidas contundentes de austeridad y ahorro. Es todo un mea culpa, pero con escaso propósito de enmienda.

La CEOE precipitó la ruptura del diálogo social pidiendo lo que no se puede pedir: una rebaja de las cotizaciones tan elevada, que pondría en peligro el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Y sin ningún compromiso de creación de nuevos puestos de trabajo. Una cosa es pedir mucho, algo habitual en el comienzo de una negociación, y otra romper la baraja pidiendo lo imposible.

Y el mes terminó con el triste protagonismo de ETA, que “celebró” su 50 aniversario matando a dos guardias civiles en Mallorca. Afortunadamente, los partidos políticos vuelven a estar unidos sin fisuras en la lucha contra esta lacra que dura ya medio siglo.

Esto y mucho más sucedió durante el mes de julio. Feliz verano a los que se van. Y bienvenidos quienes estáis ya de vuelta.

Cerrado por vacaciones (durante el mes de julio)

Después de casi dos años y medio ininterrumpidos y 283 entradas publicadas, he decidido tomarme un pequeño descanso como bloguero. Volveré en agosto, precisamente cuando suelen languidecer las bitácoras de mis amigos y compañeros en la blogosfera. Volveré en agosto para coger el testigo, para quedarme de guardia. Pero ahora necesito descansar. ¡Sedme fieles! Os quiero aquí dentro de un mes. Feliz verano a todos.

Valcárcel y la cuadratura del círculo laboral

«Estamos poniendo los medios para combatir el drama del desempleo que padecen miles de murcianos, pero necesitamos que el Estado adopte medidas de carácter estructural en el mercado de trabajo, que no pasen por el abaratamiento de los despidos. Tenemos que dar facilidades a nuestros empresarios para contratar, no para despedir.»

Se trata de un fragmento del discurso pronunciado por Valcárcel en el reciente Debate sobre el Estado de la Región. Insiste en pedir reformas estructurales, sin aventurarse siquiera a insinuarlas y, por supuesto, rechazando el abaratamiento del despido (o, mejor dicho, su coste político).

Lo dije en mis intervenciones durante la campaña electoral y lo repito ahora: si alguien cree honestamente que reduciendo los costes de la extinción del contrato de trabajo (es decir, abaratando el despido) se va a crear empleo de forma significativa, que lo proponga y lo defienda abiertamente. No pasa nada. Si hay ya algunos socialistas que se han atrevido… ¿por qué tiene tanto miedo el Partido Popular?

Lo piden los empresarios y lo pide Aznar, pero cuando uno acude al Plan Anticrisis del Partido Popular, todo lo que puede encontrar sobre la reforma laboral es lo siguiente (lo reproduzco tal como figura en la versión «ampliada» del Plan, disponible en su página web):

4.- REFORMA LABORAL

El objetivo básico en este momento es resolver el problema del empleo en un país que se acerca a los cuatro millones de parados. Todas las medidas estructurales deben priorizar la creación de empleo, y a ellas debe añadirse una reforma del mercado de trabajo que frene la destrucción de empleo y posibilite la creación de nuevos puestos de trabajo.

Principales cuestiones a debatir:

- Promoción con los agentes sociales de un Gran Acuerdo Parlamentario por el Empleo y la Competitividad que facilite la empleabilidad, busque la seguridad de los trabajadores, fomente la contratación, especialmente la indefinida, a través de una bajada selectiva de las cotizaciones sociales, y mejore los mecanismos de cobertura por desempleo.

Objetivos y deseos, pero ni una sola medida o propuesta concreta, salvo una tímida referencia a la bajada selectiva de las cotizaciones sociales (pero sin especificar ni cuantificar). Nada relativo a las modalidades de contratación y a los costes y garantías de la extinción (que son los dos meollos de la cuestión). Parece mentira que un partido con vocación, experiencia y posibilidades de gobierno no tenga algo más concreto que proponer. Una de dos (a cuál más grave): o no tienen ideas o éstas forman parte de un programa oculto que no se atreven a desvelar.

Ya que su partido no lo hace, Valcárcel debería explicarnos qué misteriosas reformas está pidiendo. Y digo «misteriosas» porque, en tiempos de crisis, resulta complicado imaginar reformas estructurales del mercado de trabajo que no impliquen flexibilización de las modalidades de contratación. Y la flexibilidad en la contratación, directa o indirectamente, siempre conlleva abaratamiento del despido.

Con más o menos razón, la principal dificultad que suelen manifestar los empresarios a la hora de contratar son los costes de extinción de la relación laboral. «Tenemos que dar facilidades a nuestros empresarios para contratar, no para despedir» es una frase de discurso facilona y resultona, pronunciada para quedar bien con unos y otros, pero alejada de la realidad. Valcárcel intenta la cuadratura del círculo, con la comodidad de saber que esa geometría (la legislación laboral) es competencia exclusiva del Estado.

No es serio.